El Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, anunció hoy que profundizará en la búsqueda de información, para conseguir la liberación de los cinco antiterroristas cubanos detenidos en Estados Unidos desde 1998.
Nuevas evidencias relacionadas con la manipulación mediática por parte de un grupo de periodistas de Miami del caso de Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, forman parte de los expedientes legales que acompañan la solicitud de habeas corpus de los luchadores cubanos.
Esta nueva fase del prolongado proceso legal contra los Cinco les permitirá a los prisioneros impugnar sus sentencias, particularmente a la luz de evidencias exculpatorias que no fueron dadas a conocer durante el juicio, subraya el documento emitido por el Comité, que cuenta con el apoyo de el diario Liberation y el Fondo por la Justicia Civil.
Una de las argumentaciones del equipo de abogados defensores de Gerardo, René, Ramón, Antonio y Fernando, gira en torno a los pagos secretos realizados por el gobierno de Estados Unidos a un grupo de periodistas de Miami.
Los profesionales de la prensa involucrados se encargaron de demonizar la imagen de los jóvenes injustamente arrestados, desde antes de iniciarse el proceso legal contra los cinco cubanos cuya única tarea fue monitorear a grupos extremistas anticubanos asentados en Miami.
En una lucha encabezada por el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos que ya dura tres años, y gracias a las múltiples solicitudes, amparadas en la Ley de Libertad de Información, se conoció que existe una profunda conexión entre el gobierno de Washington y los periodistas implicados. Miles de páginas de contratos prueban que el Buró de Radiodifusión del Gobierno, la agencia que dirige a la ilegal Radio y TV Martí, empleó a un equipo de reporteros vinculados con el ala derecha de Miami. También quedó al descubierto que se realizaron pagos por parte del gobierno de Estados Unidos por cerca de un millón de dólares a 27 periodistas.
De vital importancia para el nuevo proceso de habeas corpus de los antiterroristas cubanos es que se demostró que los pagos se remontan a 1999, evidenciando que los periodistas de Miami llevaron a cabo una campaña mediática sin precedentes en contra de los Cinco.
Se comprobó además, que los artículos publicados antes y durante el juicio, estaban siendo pagados en secreto por el demandante en el caso, el gobierno de Estados Unidos.
Esta explosiva información, desconocida en el momento del proceso, afirma el Comité, es una parte medular de todo el habeas corpus y de las apelaciones de los Cinco cubanos, porque si esto se hubiera conocido durante el juicio, no existe duda de que el mismo pudiera no haber tenido lugar en Miami.
En respuesta a las notas emitidas por miembros del equipo de defensa de Los Cinco, la Fiscal Asistente de Estados Unidos, Carolyn Heck-Miller, justificó los pagos, sin reconocer que una agencia del gobierno estaba entregando grandes sumas de dinero a periodistas de Miami.
El desenmascaramiento de una operación encubierta de la administración en los medios de Miami es trascendental, pues desde el inicio de su causa, el equipo de la defensa de los Cinco Cubanos libró una batalla por lograr trasladar el juicio fuera de Miami, aún desconociendo acerca del pago del gobierno a los periodistas.
Miami es una ciudad tan infectada de la histeria y los prejuicios en contra de Cuba, que resultaba imposible para los Cinco tener un juicio justo allí, agregó el documento.
Para el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, los nuevos argumentos legales, unidos al creciente apoyo internacional, resultarán en el aseguramiento de una audiencia de evidencias, en la que el tema de la conexión del gobierno con los periodistas sobornados pueda ser puesto en discusión.
Ahora dependerá de si la jueza Joan Lenard, a cargo del proceso contra los Cinco luchadores desde sus inicios, concederá una audiencia o hará oídos sordos al nuevo reclamo de la comunidad internacional.
Nuevas evidencias relacionadas con la manipulación mediática por parte de un grupo de periodistas de Miami del caso de Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, forman parte de los expedientes legales que acompañan la solicitud de habeas corpus de los luchadores cubanos.
Esta nueva fase del prolongado proceso legal contra los Cinco les permitirá a los prisioneros impugnar sus sentencias, particularmente a la luz de evidencias exculpatorias que no fueron dadas a conocer durante el juicio, subraya el documento emitido por el Comité, que cuenta con el apoyo de el diario Liberation y el Fondo por la Justicia Civil.
Una de las argumentaciones del equipo de abogados defensores de Gerardo, René, Ramón, Antonio y Fernando, gira en torno a los pagos secretos realizados por el gobierno de Estados Unidos a un grupo de periodistas de Miami.
Los profesionales de la prensa involucrados se encargaron de demonizar la imagen de los jóvenes injustamente arrestados, desde antes de iniciarse el proceso legal contra los cinco cubanos cuya única tarea fue monitorear a grupos extremistas anticubanos asentados en Miami.
En una lucha encabezada por el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos que ya dura tres años, y gracias a las múltiples solicitudes, amparadas en la Ley de Libertad de Información, se conoció que existe una profunda conexión entre el gobierno de Washington y los periodistas implicados. Miles de páginas de contratos prueban que el Buró de Radiodifusión del Gobierno, la agencia que dirige a la ilegal Radio y TV Martí, empleó a un equipo de reporteros vinculados con el ala derecha de Miami. También quedó al descubierto que se realizaron pagos por parte del gobierno de Estados Unidos por cerca de un millón de dólares a 27 periodistas.
De vital importancia para el nuevo proceso de habeas corpus de los antiterroristas cubanos es que se demostró que los pagos se remontan a 1999, evidenciando que los periodistas de Miami llevaron a cabo una campaña mediática sin precedentes en contra de los Cinco.
Se comprobó además, que los artículos publicados antes y durante el juicio, estaban siendo pagados en secreto por el demandante en el caso, el gobierno de Estados Unidos.
Esta explosiva información, desconocida en el momento del proceso, afirma el Comité, es una parte medular de todo el habeas corpus y de las apelaciones de los Cinco cubanos, porque si esto se hubiera conocido durante el juicio, no existe duda de que el mismo pudiera no haber tenido lugar en Miami.
En respuesta a las notas emitidas por miembros del equipo de defensa de Los Cinco, la Fiscal Asistente de Estados Unidos, Carolyn Heck-Miller, justificó los pagos, sin reconocer que una agencia del gobierno estaba entregando grandes sumas de dinero a periodistas de Miami.
El desenmascaramiento de una operación encubierta de la administración en los medios de Miami es trascendental, pues desde el inicio de su causa, el equipo de la defensa de los Cinco Cubanos libró una batalla por lograr trasladar el juicio fuera de Miami, aún desconociendo acerca del pago del gobierno a los periodistas.
Miami es una ciudad tan infectada de la histeria y los prejuicios en contra de Cuba, que resultaba imposible para los Cinco tener un juicio justo allí, agregó el documento.
Para el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, los nuevos argumentos legales, unidos al creciente apoyo internacional, resultarán en el aseguramiento de una audiencia de evidencias, en la que el tema de la conexión del gobierno con los periodistas sobornados pueda ser puesto en discusión.
Ahora dependerá de si la jueza Joan Lenard, a cargo del proceso contra los Cinco luchadores desde sus inicios, concederá una audiencia o hará oídos sordos al nuevo reclamo de la comunidad internacional.
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