Los españoles volverán a sufrir a partir del 1 de julio nuevas
subidas en las tarifas de electricidad y gas, incrementos que las
asociaciones de defensa de los consumidores consideraron intolerables e
injustos.
El
Gobierno del derechista Partido Popular (PP) anunció hoy un aumento del
3,95 por ciento en el recibo de la luz y del 2,26 por ciento en el del
gas natural, de acuerdo con dos resoluciones del Ministerio de Industria
publicadas este viernes en el Boletín Oficial del Estado.
Se
trata de la segunda subida de la factura eléctrica en lo que va de
2012, pues en abril pasado la administración conservadora de Mariano
Rajoy aplicó un alza del siete por ciento, mientras el gas se encareció
un 0,5 por ciento en enero y un cinco por ciento en el cuarto mes.
Con
estas subidas, el Ejecutivo cumple con sentencias del Tribunal Supremo,
que le prohíben compensar los aumentos del kilovatio en las subastas
con recortes en la parte regulada del recibo, lo cual contribuía a
engordar el déficit del sistema, de unos 24 mil millones de euros.
En
gas hay 7,2 millones de clientes, de los que 4,7 millones están en el
mercado libre y 2,5 millones están acogidos a la tarifa regulada,
mientras que en electricidad unos 20 millones de consumidores están
acogidos a la tasa regulada.
Para
las confederaciones de Consumidores y Usuarios (CECU) y de
Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), el
encarecimiento a la vez de esos dos servicios básicos hará que los
españoles pierdan poder adquisitivo de forma significativa.
Al
ser la combinación de dos prestaciones esenciales, el daño es brutal e
insoportable para las economías de los hogares, advirtieron.
Son
cifras desmesuradas, denunció el portavoz de CECU, Antonio López, quien
agregó que se tratan de aumentos difíciles de aguantar por parte de
cualquier usuario.
López demandó que se investigue el proceso de subasta por el cual se fija el coste de la energía.
Fernando
López, de Ceaccu, recordó que con la inminente valorización los
consumidores habrán soportado un incremento de la tarifa de la luz del
50 por ciento en apenas cinco años.
De
alza inaceptable e injustificada y de agresión para el bolsillo fue
calificado el incremento por el portavoz de FACUA-Consumidores en
Acción, Rubén Sánchez.
En
declaraciones a la agencia estatal de noticias EFE, Sánchez acusó al PP
de seguir la misma política en asuntos energéticos llevada a cabo por
el anterior gobierno socialista, basada, enfatizó, en la defensa de las
grandes compañías del sector.
La
Asociación General de Consumidores criticó la falta de transparencia en
las subastas, en las cuales, señaló, participan como vendedores de
energía un número elevado de agentes financieros que no son productores.
Atribuyó la carestía del servicio a costos ocultos y a un modelo energético deficitario, opaco e inequitativo.
De
acuerdo con Eurostat (agencia estadística europea), el consumidor
español no sólo paga una de las tarifas más caras de la Unión Europea
(UE), sino que, además, mantiene una deuda con el conjunto del sector
eléctrico, la cual rebasa los 24 mil millones de euros.
Entre
2006 y 2011, el precio de la electricidad para los hogares del país
ibérico, siempre según Eurostat y excluidos los impuestos, aumentó un
69,9 por ciento, mientras en la UE (27 países) creció un 19,9 por ciento
y en el área euro un 13,1 por ciento.
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